Con motivo de la interrupción del orden democrático por parte del Presidente Alberto Fujimori en Perú en abril de 1992, se constituyó una Reunión ad-hoc de Ministros de Ministros de Relaciones Exteriores, que solicitó a la Comisión Interamericana que continuara observando la situación derechos humanos en el país y mantuviera informado al Consejo Permanente de la OEA. En marzo de 1993 la CIDH publicó su informe sobre la situación de derechos humanos en Perú, en el que formuló diversas consideraciones referentes a las violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal, libertad personal, protección judicial y debido proceso, libertad de expresión e impunidad. Luego de diversas solicitudes de la Comisión Interamericana, el Gobierno peruano finalmente formuló la invitación a una visita , que tuvo lugar entre el 17 y 21 de mayo de 1993. La delegación se reunió con altas autoridades y representantes organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y de medios de prensa, al igual que con familiares de personas detenidas y desaparecidas. Asimismo, se trasladó a los centros penales Castro Castro, Santa Mónica, Lurigancho, Real Felipe y el Centro Juvenil de Maranga; también se constituyó en Puno para observar la situación de los centros penitenciarios de Yanamayo y San Sebastián. Al concluir la visita, la CIDH emitió un comunicado de prensa en el que expuso lo relevado y observado sobre la situación de derechos humanos en el país.