Entre el 5 y el 10 de julio de 1995 el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH se trasladó a Guatemala y condujo una visita de observación in loco de carácter especial, con el fin de realizar investigaciones referentes al asunto de Jorge Carpio Nicolle y gestionar la protección del fiscal del caso, que había sido amenazado de muerte por grupos paramilitares. El señor Carpio Nicolle era político, periodista y primo del ex Presidente de Guatemala y fue asesinado el 3 de julio de 1993 en El Quiché mientras viajaba con miembros de su partido político; dos integrantes de la delegación también fallecieron y otros resultaron heridos de gravedad. El 16 de septiembre de 1995 la CIDH presentó ante la Corte Interamericana sus argumentos sobre la solicitud de medidas provisionales en dicho caso, cuyo objeto era la adopción de las medidas necesarias para la protección policial e investigación de sucesos de hostigamiento y amenazas; y la protección de las personas vinculadas al caso, incluyendo familiares de Jorge Carpio Nicolle, testigos y el fiscal encargado de la investigación. Con posterioridad, dicho fiscal se vio en la necesidad de exiliarse debido a las amenazas recibidas. El 5 de julio de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos establecidas en el Caso Carpio Nicolle; pidió perdón y expresó “su profundo respeto y consideración por las víctimas y sus familias”; y reconoció “las atrocidades que pasaron en el país y los errores que el Estado guatemalteco cometió en el pasado.”