La CIDH realizó una visita a Surinam durante junio de 1983, en la que recogió testimonios sobre los rastros de tortura que mostraban los cadáveres de las 15 personas muertas el 8 de diciembre de 1982. La delegación estuvo en diversos lugares de detención y recogió numerosos testimonios que le permitieron constatar la práctica generalizada y sistemática de tortura. En su informe de 6 de octubre de 1983 dio cuenta de las graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana, particularmente al derecho a la vida, en virtud de las ejecuciones ilegales cometidas por agentes y autoridades del Gobierno. El informe de la CIDH establece asimismo varias violaciones al derecho de justicia debido a la falta de independencia del Poder Judicial y de efectividad del recurso de habeas corpus; a la libertad de opinión expresión y difusión del pensamiento, debido a la absoluta censura oficial y amenazas a periodistas. Se analizan igualmente diversas violaciones a la libertad de asociación y a los derechos políticos, por la prohibición de funcionamiento de los partidos políticos y libertad sindical. Ante la gravedad de las violaciones cometidas, la Comisión Interamericana instó a Surinam a introducir cambios radicales tanto en la conducta asumida como en las normas promulgadas, con el objeto de establecer instituciones democráticas, incluyendo un Poder Judicial independiente, y el respecto efectivo de los derechos humanos.

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