La CIDH realizó una visita de investigación a Guatemala del 21 al 26 de setiembre de 1982, con el objeto de observar la situación de derechos humanos posterior al golpe de Estado del 23 de marzo de dicho año. La Comisión Interamericana se entrevistó con el Presidente guatemalteco, Efraín Ríos Montt y otras autoridades estatales, así como con representantes de diversas organizaciones políticas, sociales, indígenas y de mujeres, entre otras. En su informe publicado en 1983 la CIDH expresó su preocupación por la falta de investigación y castigo a los responsables de las ejecuciones ilegales y desapariciones perpetradas antes del 23 de marzo de 1982; la imposición de la pena de muerte por tribunales especiales y secretos; la destrucción, incendio y saqueo de aldeas enteras y la muerte tanto de  personas combatientes y no combatientes de esas aldeas; la vigencia del estado de sitio y consecuente suspensión del habeas corpus e inefectividad del recurso de amparo; las prolongadas detenciones ilegales seguidas de desaparición forzada; la práctica de la tortura; la falta de independencia del Poder Judicial; así como la violación generalizada de las libertades de expresión, conciencia y religión, circulación y derechos políticos. El informe contiene una serie de recomendaciones para atender la situación constatada, principalmente la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos.