El 5 de noviembre de 2019, durante el 137º período ordinario de sesiones celebrado por la CIDH en su sede, tuvo lugar una audiencia sobre la situación de derechos humanos en Brasil. En la oportunidad, los representantes de la sociedad civil plantearon temas de violencia urbana, rural y discriminación; en particular, destacaron que las fuerzas estatales mantenían diversas prácticas operativas creadas y utilizadas durante la dictadura militar en Brasil. Denunciaron igualmente actos de tortura y ejecuciones sumarias con el pretexto del combate a la violencia del crimen organizado; y que se seguía aplicando la jurisdicción militar para juzgar crímenes cometidos por policías contra civiles. Los solicitantes dijeron además que la política estatal al respecto del acceso a la tierra en Brasil generaba la concentración y exclusión, y buscaba criminalizar el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). El Estado se refirió a diversos programas para combatir la violencia en el campo, y destacó que el derecho agrario en Brasil se ocupaba de la función social de la propiedad. Acerca de la seguridad pública, señaló varias medidas para acercar a la policía a las respectivas comunidades, y la creación de programas de formación, becas y cursos de derechos humanos para cambiar la cultura vigente. Otras iniciativas destacadas por el Estado incluyeron la disminución del calibre de las armas utilizadas por los agentes policiales.