La visita a Guatemala que se realizó entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2017 fue parte del seguimiento del informe sobre dicho país aprobado en 2015 por la Comisión Interamericana. En el año del informe se habían realizado manifestaciones sociales que marcaron un momento histórico en el país y generaron una gran expectativa nacional de cambios estructurales, principalmente en la lucha contra la corrupción y en el combate a la impunidad. Asimismo, abrieron un espacio para reivindicar políticas en la protección efectiva de los derechos humanos para todos los grupos, en particular para los sectores históricamente más excluidos. Durante la visita de 2017, la CIDH constató que a pesar de los importantes avances en la lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad encabezados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público y los esfuerzos de algunos jueces y juezas, persistían una serie de desafíos. La Comisión Interamericana advirtió que el Estado enfrentaba una gran deuda histórica vinculada a problemas estructurales derivados de su pasado, y que se hallaba “en la encrucijada de adoptar medidas para resolver estos problemas y garantizar los derechos humanos del pueblo guatemalteco, o de lo contrario se arriesga a enfrentar retrocesos en esta materia y repetir episodios de graves violaciones de los derechos humanos del pasado”.