Antes y después del golpe militar de marzo de 1976, la CIDH venía recibiendo denuncias de graves violaciones de derechos humanos en Argentina, por lo que solicitó a las autoridades que autorizaran su presencia en el terreno. Durante la visita de septiembre de 1979, la Comisión Interamericana estuvo presente en varias provincias y se reunió con víctimas y familiares, personas privadas de libertad, y autoridades. A pesar del clima de terror de la época, se formaron largas filas en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, de personas decididas a hablar con la delegación de la CIDH; se recibieron casi 6.000 denuncias y testimonios. El informe de la CIDH publicado en 1980 fue clave para revelar ante la comunidad internacional las graves violaciones, generalizadas y sistemáticas de la dictadura, en particular sobre la práctica de desaparición forzada, negada reiteradamente por las autoridades militares. Las recomendaciones del informe incluyen la investigación y sanción por las muertes imputadas a agentes públicos; información sobre la situación de las personas desaparecidas; creación de un registro de detenidos; derogación del estado de sitio; e investigación de las denuncias de tortura y apremios ilegales. Aunque el informe fue prohibido en ese momento en la Argentina, tuvo un enorme impacto en la sociedad, y se considera como uno de los factores que contribuyó a salvar muchas vidas de personas que estaban detenidas de forma clandestina, y eventualmente a la caída de la dictadura militar.